Requisito lingüístico en la Función Pública valenciana: El controvertido decreto queda sin aprobar antes de las elecciones
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) no ha dado su aprobación durante la reunión plenaria de este miércoles al decreto que regula el requisito lingüístico para acceder a un puesto en la Función Pública valenciana. Según fuentes consultadas por este periódico, esto significa que el Consell del Botànic no podrá aprobar la norma en la sesión plenaria del próximo viernes, que será la última antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, momento en el que el Gobierno quedará en funciones.
La semana pasada, los consejeros decidieron por unanimidad posponer su decisión debido a la «complejidad» del texto y la falta de tiempo para analizarlo en profundidad. Cabe destacar que esta normativa no era cualquier cosa, ya que regula un requisito para el acceso al empleo público. Por lo tanto, acordaron volver a estudiarlo esta semana, pero nuevamente el decreto no ha sido validado, lo que impide su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Es importante mencionar que en los últimos días, diversas asociaciones de abogados habían presentado objeciones al decreto. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario no confirman que este sea el motivo por el cual se pospuso su aprobación este miércoles.
Esta normativa ha despertado un fuerte rechazo en diferentes colectivos, principalmente entre opositores y funcionarios. También ha generado desacuerdos entre los socios del Consell, ya que Compromís consideraba que el valenciano debería ser un requisito para acceder a la Función Pública, mientras que el PSPV era más partidario de que el idioma fuera un mérito en cualquier proceso selectivo.
Finalmente, tras ocho años de negociaciones, los socios del tripartito llegaron a un acuerdo sobre el diseño del requisito que satisfizo a ambas partes: se establecería en dos decretos. Por un lado, el decreto de homologación, redactado por la Conselleria de Educación, encabezada por Raquel Tamarit (Compromís), y por otro lado, el decreto que regularía el requisito y el nivel de valenciano que se debería acreditar según la categoría funcional a la que se aspirara. Este último debía ser redactado por la Conselleria de Justicia y Función Pública, dirigida por Gabriela Bravo (PSPV).
El primero fue aprobado por el pleno del Jurídic la semana pasada. De hecho, Educación remitió el texto al órgano consultivo presidido por Margarita Soler el 19 de abril. Sin embargo, el segundo tardó más en llegar al CJC, ya que no fue registrado hasta el 12 de mayo. Esto se debió, en primer lugar, a que en el departamento gestionado por los socialistas tuvieron que esperar el informe favorable de Política Lingüística y más adelante, el de la Abogacía de la Generalitat. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las elecciones se acercaban, este retraso comenzó a generar todo tipo de especulaciones en Compromís.
A pesar de que el decreto de homologación ya cuenta con el visto bueno del Jurídic, el requisito no puede ser aprobado en la sesión plenaria de este viernes, ya que el dictamen del Jurídic es preceptivo. Además, Compromís y PSPV acordaron que ambos decretos se llevarían al pleno del Consell al mismo tiempo, ya que son normativas que van «de la mano». Al no hacerlo este viernes 26 de mayo, el requisito quedará nuevamente en el olvido durante otra legislatura.
Sección Sindical UGT Ayuntamiento de Valencia
